Google, acusada de comprar informes favorables
Googleacumula ya una interesante cantidad enmultasporprácticas monopolísticas. La Unión Europea no sólo ha impuesto a esta compañía la mayor sanción de la historia, sino que puede incrementarla próximamente. Ante las acusaciones, parece que no se queda de brazos cruzados y está reuniendo a voces autorizadas para defenderse.
Así lo anuncia el Wall Street Journal, diario especializado en finanzas, que publica una serie de supuestos pagos deGoogleaacadémicosa cambio deinformes. Es una práctica común en compañías que quieren esconder tras una supuesta filantropía lo que no es más que una compra de opiniones.
Según las fuentes citadas, los pagos habrían sido de hasta 400.000$ a cambio de elaborar informes sobre las materias en la empresa es perseguida por las autoridades. De esta forma conseguirían reunir evidencia académica y ciertos apoyos a favor de su postura, puede que con el objetivo de evitar las multas de la UE.
Desde luego, es una cantidad que se encuentra absolutamente fuera de mercado. Además, se ha descubierto que también se pagaron viajes y gastos relacionados a los autores de los informes para que estos se reunieran con los reguladores de competencia.
De confirmarse las acusaciones, quizás Google no habría incurrido en ninguna práctica ilegal. Hacer lobby es algo totalmente aceptado, así como tratar de influir en los reguladores y organismos encargados de velar por la libre competencia. Sin embargo, peor se pondría la cosa para los académicos si se demuestra que las conclusiones de sus informes son tendenciosas.
“Desde que Google surgió del Departamento de Informática de la Universidad de Stanford, hemos mantenido relaciones sólidas con las universidades e institutos de investigación, y siempre hemos valorado su independencia e integridad” es la afirmación de la compañía en su defensa.
¿Ha pagado Google para obtener informes favorables y esquivar multas? No lo sabemos. De momento lo que está claro es que de haberlo hecho no ha funcionado, habida cuenta de los 2.000 millones de euros que tiene que pagar como parte de su última sanción.
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