2019, el año en el que los autónomos cotizarán por ingresos reales

El acuerdo sostenido entre el Gobierno socialista y Podemos para los Presupuestos Generales del Estado para 2019 incluye un paquete de medidas interesantes para los trabajadores por cuenta propia de nuestro país, muchas de las cuales resultarán útiles para aliviar la presión fiscal del colectivo. Una de estas reformas es la del sistema de cotización de los autónomos, que a partir del próximo año pasaría a ser acorde a los ingresos reales de cada profesional, alcanzando una mayor proporcionalidad.

Los profesionales independientes llevaban tiempo solicitando, mediante asociaciones como ATA o UPTA, este cambio que implica abonar una cuota distinta en función de los ingresos reales obtenidos. Una de las medidas más demandadas ha sido no cotizar si el sueldo está por debajo del salario mínimo. El propio SMI, según fuentes como Hacienda, sería el termómetro regulador para diferenciar a los autónomos que pagarán la cuota y quienes abonarán una cantidad estipulada inferior a dicha cantidad.

De salir adelante los presupuestos, en el próximo año 2019 aquellas personas que ingresen menos de 900 euros al mes (en 14 pagas) se beneficiarán de la reforma y podrían abonar una cuota de 50 euros al mes durante cuatro años. Por otra parte, y de forma acorde a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, aquellos que si superen esta barrera económica podrían sufrir un duro golpe, teniendo que abonar una cantidad cercana a los 300 euros mensuales a partir del próximo año. En este artículo puedes consultar los cinco posibles tramos de cotización para los autónomos.

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No es la única novedad que afecta al colectivo: también se cambiaría el criterio de caja del IVA, permitiendo el establecimiento de un sistema efectivo de diferimiento de ingresos -sin tener que pagar el IVA de aquellas facturas atrasadas o todavía no cobradas-, evitando problemas de morosidad, quiebra o apuro económico para autónomos y pymes. Se prevé que en cuatro meses se revise dicho criterio.

Por último, la tercera medida firmada por las dos organizaciones políticas se trata de una serie de mecanismos para evitar la proliferación de los falsos autónomos, estableciendo por ley la presunción de que, salvo prueba que demuestre lo contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena la prestación de servicios en la que los ingresos obtenidos provengan de un único cliente o empleador. Este perfil tan común en España provoca pérdidas a las arcas de la Seguridad Social cercanas a los 592 millones de euros, según datos de la Unión de Autónomos (Uatae).