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Consumo quiere prohibir los números 902 en los servicios de atención al cliente

telefono triste
Depositphotos

Desde el Ministerio de Consumo se prepara una ley para prohibir los números 902 en los servicios de atención al cliente que ofrecen algunas empresas.

A todos nos ha pasado alguna vez que, tras realizar una compra, al enfrentarnos a un problema nos hemos encontrado con que el único número que ofrecía la empresa era un 902. Puede haber sido al llegar un dispositivo defectuoso, querer cambiar las condiciones de una reserva de hotel o cualquier otra gestión sobre un producto ya pagado.

Estos caros número de teléfono son una de las reclamaciones más comunes por parte de los clientes y las asociaciones de consumidores, pero hasta ahora no se había afrontado la problemática de una manera directa. Sin embargo, el Ministerio controlado por Alberto Garzón ha anunciado su intención empezar a legislar y limitar dicha práctica.

El anuncio ya se ha publicitado en las redes oficiales del Gobierno, aunque todavía hay que detallarla y conseguir aprobarla.

De todas formas, su simple anuncio ya puede ser una forma de señalar a las empresas que realizan dicha práctica y concienciar a los consumidores para que penalicen estos servicios de pago que suponen abusos y sobrecostes.

Según testimonios recogidos por Business Insider España, desde el Ministerio de Consumo se valora que estos números 902 "No pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas". Y lo cierto es que su existencia hoy día carece de la que tenían cuando empezaron a utilizarse.

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Aunque en su momento nacieron como alternativa al coste que suponían las llamadas entre distintos puntos de España, hoy día han pasado a ser una fuente de ingresos para algunas empresas y la única (y cara) vía de comunicación que tienen muchos clientes con ellas a la hora de realizar cualquier gestión.

Una llamada a un 902 desde un móvil puede alcanzar los 2,80 euros a los cinco minutos, aspecto al que se suma que rara vez se puede gestionar en cuestión de segundos, ya que, por diversos motivos, se suele tardar en atender a los consumidores por parte de las empresas.

En todo caso, puede que estemos ante el final de una práctica que va en contra de los derechos del consumidor y que ha quedado obsoleta en estos tiempos de digitalización. Veremos si el Ministerio de Consumo consigue sacarla adelante en poco tiempo.

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