Google, Apple, Facebook y demás grandes multinacionales obligadas a pagar impuestos en los países en los que operen por el acuerdo G7

Los miembros del G7 han llegado a un acuerdo para acabar con la deslocalización fiscal. Esta técnica permite que grandes compañías como Google, Facebook o Apple solo paguen impuestos en el país en el que tienen establecidas sus sedes, que suele ser un país con menor carga impositiva. 

Así, estas empresas están, por ejemplo, establecidas en Irlanda y solo pagan impuestos en este país por todos los beneficios que consiguen en el resto de la Unión Europea. Este país tiene una carga impositiva más baja y los demás países europeos no obtienen impuestos por los negocios que hacen esas multinacionales en sus territorios.

Los países miembros del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) han acordado que el porcentaje de impuestos puede ser superior a un 20% cuando el margen de beneficio de esa empresa sea mayor al 10% en un país. De no ser así, el porcentaje será del 15%, cifra propuesta por Estados Unidos ante la presión europea que pedía hasta un 21%.

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Estados Unidos ha sido el país que más se ha resistido a este acuerdo durante años dado que sus empresas son las que más se benefician de la deslocalización fiscal. En enero de 2020, Google prometió dejar la práctica conocida como "el doble irlandés", con la que establecía una filial con sede en Irlanda u Holanda y, al mismo tiempo, creaba otra filial en otro territorio, un paraíso fiscal u otro país con impuestos más bajos.

Al mismo tiempo que se desarrollaban las negociaciones, se impulsaba en Europa la Tasa Google por la que países como Francia, Italia o España establecían un impuesto del 3% sobre los ingresos digitales de estas grandes compañías que tuvieran más de 750 millones de euros en ingresos anuales y servicios digitales superiores a 5,5 millones.

El acuerdo del G7 alcanzado por estos países no es vinculante, pero supone un paso importante que países con ese peso internacional lleguen a esta decisión. El próximo fin de semana se ratificará el pacto en una segunda reunión y podría ser un impulso para las negociaciones similares que se están tratando en el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 A esto hay que sumarle el último acuerdo presentado en la Unión Europea que obliga a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales, durante dos ejercicios consecutivos, a presentar un informe público donde se detalle los beneficios obtenidos y las tasas abonadas.