Webs del Gobierno español podrían estar enviando datos a Google

Webs del Gobierno español podrían estar enviando datos a Google.

Desde hace unos meses, cuando entras en una web comercial, o que muestra publicidad, seguro que te has fijado en la ventana que surge pidiéndote permiso para instalar cookies en tu dispositivo.

La Ley 34/2002 (artículo 22.2 de la LSSI) obliga a las webs que usan cookies publicitarias o de rastreo de usuarios a mostrar un mensaje pidiendo permiso para hacerlo, invitándole a pulsar en un botón para obtener más información.

Es molesto, pero es la forma que tiene la Ley de Protección de Datos de poner en alerta a los usuarios para que sepan que su actividad (al menos su actividad publicitaria y de hábitos de uso) está siendo monitorizada:

Webs del Gobierno español y las cookies

Ahora bien, ¿tienen las Administraciones Públicas potestad para saltarse estás leyes? ¿es legal que las webs del gobierno español supuestamente envíen datos de ciudadanos españoles a una empresa de Estados Unidos, como es Google, sin pedir permiso ni informar a los propios ciudadanos tal como exige la Ley de Protección de datos?

Son preguntas que se hace el abogado Pablo Burgueño en su blog.

Al parecer, webs del Gobierno español, como la del Ministerio de Justicia, podrían estar usando cookies de Google Analytics y YouTube sin informar ni pedir permiso a los usuarios, como exige la Ley:

Pablo Burgueño argumenta que las webs de la Administración Pública podrían estar incumpliendo la Ley de Cookies (artículo 22.2 de la LSSI), y la Ley de Protección de datos (art. 44 LOPD).

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En el primer caso, es más discutible, pues la Ley de cookies se aplica a webs de caracter económico y oneroso y la Administración pública no lo es. El propio Ministerio de Justicia ha dicho que no entran en esa ley. Pero el hecho de usar cookies de rastreo como las de Google Analytics y YouTube, entra en conflicto con la normativa de Protección de Datos.

El Gobierno español no tiene ningún contrado firmado con Google, así que supuestamente estaría enviando cookies a Estados Unidos con datos de ciudadanos españoles que Google podría utilizar como quisiera. Esto va en contra de la Ley de Proteccion de Datos, a la que sí está obligada la Administración Pública, y que exige pedir permiso a los usuarios.

Si estás interesado en este tema, que el propio abogado reconoce que aún está argumentado, puedes leer una explicación más técnica en el propio blog de Pablo Burgueño.