Unos piratas informáticos desconocidos afirmaron haber robado datos de hasta mil millones de residentes chinos tras penetrar en una base de datos de la policía de Shanghái, en lo que los expertos del sector califican como la mayor brecha de ciberseguridad de la historia del país.

El grupo que reivindica el ataque ha ofrecido vender más de 23 terabytes de datos robados de la base de datos, incluidos nombres, direcciones, lugares de nacimiento, documentos nacionales de identidad, números de teléfono e información sobre casos penales.

Los piratas (todavía sin identificar) piden 10 bitcoins, por un valor de unos 200.000 dólares.La magnitud de la supuesta filtración ha conmocionado a la comunidad de seguridad china, desatando especulaciones sobre la credibilidad de la afirmación y sobre cómo pudo producirse.

Zhao Changpeng, fundador y consejero delegado de la bolsa de criptomonedas Binance, tuiteó el lunes que la empresa había detectado la filtración de mil millones de registros de residentes "de un país asiático", sin especificar cuál.

Las autoridades de Shanghái no han respondido públicamente al supuesto hackeo. Los representantes de la policía de la ciudad y de la Administración del Ciberespacio de China, el supervisor de Internet del país, tampoco han respondido.

Estados Unidos y otros países han señalado repetidamente a China como una de las mayores fuentes de ciberdelincuentes del mundo, que, según dicen, se infiltran en los sistemas en nombre de organismos nacionales en busca de datos valiosos.

Sin embargo, las infracciones nacionales rara vez se revelan debido a la falta de mecanismos de notificación transparentes. En 2016, la información personal de docenas de funcionarios del Partido Comunista y figuras de la industria, desde Jack Ma hasta Wang Jianlin, quedó expuesta en Twitter.

En 2020, el servicio similar a Twitter, Weibo Corp., afirmó que los hackers habían robado la información de las cuentas de más de 538 millones de sus usuarios, aunque no se filtraron datos sensibles como las contraseñas.

El último incidente vuelve a poner de manifiesto los retos a los que se enfrenta Pekín a la hora de recopilar datos sobre cientos de millones de personas, al tiempo que refuerza la vigilancia de los contenidos sensibles en línea.