Este mes se pone en vigor el "derecho a reparar" de la UE para alargar la vida de los electrodomésticos hasta los 10 años

Un proceso tan sencillo como era cambiar la batería del teléfono móvil cuando se estropeaba, ahora es misión imposible con los nuevos modelos. Así pasa con la mayoría de productos electrónicos, al más mínimo fallo o rotura, compensa más comprar uno nuevo que arreglar el viejo. 

Esta dinámica supone un nivel de contaminación mundial que no nos podemos permitir. Bruselas calcula que se dejarán de gastar 711 millones de metros cúbicos de agua al año gracias a la reparación de las lavadoras y 16 millones por los lavavajillas. Como respuesta el Parlamento Europeo aprobó el año pasado el nuevo "derecho a reparar". 

El 25 de noviembre de 2020 se aprobó esta nueva normativa que entrará en vigor a lo largo del mes de marzo. Con ella se pretende aumentar la vida útil de los electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos y reducir el impacto medioambiental. 

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El objetivo es que el proceso de reparación pase de estar bajo el control de las marcas a ser un derecho accesible para los consumidores. Los fabricantes tienen ahora mismo a complicar esta tarea, blindando sus dispositivos, ofreciendo instrucciones muy complejas y permitiendo que la reparación solo sea posible a través de equipos técnicos aprobados por las compañías. 

El resultado es que arreglar un frigorífico o un smartphone sea un proceso complicado, lento y más costoso que comprar uno nuevo y tirar el viejo. Por eso la UE ha establecido este derecho con el que se obliga a los fabricantes a crear un sistema de reparación más sencillo, para el que se puedan encontrar fácilmente repuestos, que no requiera herramientas muy especiales y con instrucciones sencillas.

Los fabricantes también estarán obligados a indicar la vida útil de sus productos a través de etiquetas informativas. Esta nueva dinámica comercial, podría alargar la vida útil de los electrodomésticos hasta, por lo menos, una década y evitaría que el ciudadano europeo genere hasta 16 kg de residuos electrónicos al año de media.

La iniciativa se suma a otras que también tienen un objetivo medioambiental como la estandarización de dispositivos con conector USB-C para reducir el número de cargadores y cables que se comercializan.