En qué consiste la polémica ley del 'decretazo digital' que prepara el Gobierno
Hoy, el Real Decreto-ley 14/2019, también conocido como el 'decretazo digital' o el '155 digital', ha sido convalidado en la Diputación Permanente del Congreso. Te contamos en qué consiste exactamente esta normativa y cuáles son sus consecuencias.
El pasado 5 de noviembre, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez publicó en el BOEel Real Decreto-ley 14/2019 aprobado el 31 de octubre, por el que se tomaban medidas urgentes de seguridad pública en materia de administración digital.
El principal objetivo de este decreto era el de evitar la creación de la república digital catalana. "No va a haber independencia offline ni online, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real", afirmaba Sánchez.
Para ello, "con carácter excepcional y transitorio", la norma le daba al Gobierno la potestad de intervenir y asumir la gestión directa de redes y servicios de comunicaciones electrónicas "en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional".
El Decretazo Digital ha sido convalidado: estas son sus consecuencias
Hoy, el Real Decreto-ley ha sido sometido a votación en la Diputación Permanente del Congreso y ha conseguido la convalidación con 50 votos a favor del PSOE y el apoyo de PP y Ciudadanos. Podemos está en contra de la norma, pero se ha abstenido como gesto a su socio en el futuro Gobierno de coalición, y los partidos nacionalistas y Vox han votado en contra.
Si bien el objetivo de la nueva norma es el de impedir la creación de la república digital catalana, su alcance es mucho mayor, motivo por el que diversas organizaciones de defensa de los derechos de los internautas se han manifestado en contra, entre ellas la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación de Internautas o la Asociación de Usuarios de Internet (AUI).
Y es que, en la práctica, el nuevo Real Decreto-ley permite que el Gobierno pueda cerrar páginas web y servidores sin autorización judicial por motivos de orden público y seguridad nacional. El texto modifica cinco leyes, entre ellas la Ley General de Telecomunicaciones, dando al ejecutivo la posibilidad de intervenir "cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario".
En ningún momento se hace referencia de manera expresa a Cataluña, aunque sí se cita "los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español". La Generalitat lo ha calificado como 'el 155 digital', aludiendo al artículo de la Constitución que permite al ejecutivo intervenir una comunidad autónoma.
Según Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, "el Gobierno no puede legislar por Real Decreto-ley materias que afecten a derechos y libertades, como sería cerrar servicios de Internet, y además no se justifica por razones de extraordinaria y urgente necesidad".
Por este motivo, la PDLI, la AUI y la Asociación de Internautas van a promover la nulidad del Real Decreto-ley 14/2019 ante el Tribunal Constitucional.
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