La pandemia del coronavirus ha provocado una situación inédita en la historia reciente de España, obligada a reducir al mínimo su actividad económica y social para frenar una grave crisis sanitaria que, según los últimos datos, se ha cobrado ya la vida de al menos 8.189 personas y ha afectado a más 94.000 personas.

El Gobierno decidió el pasado domingo endurecer el confinamiento nacional con la limitación total de movimientos salvo los de los trabajadores de actividades esenciales. La medida estará en vigor hasta el próximo 9 de abril con el objetivo de reducir la movilidad a los niveles que hay los fines de semana, y con ello reducir al mínimo los nuevos contagios para aliviar la situación de los hospitales que en varias comunidades autónomas se encuentran al borde del colapso por la saturación de las unidades de cuidados intensivos y, en muchos casos, la falta de material.

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Todo lo que debes saber

El estado de alarma recoge la información como uno de los bienes básicos garantizados para la población, por lo que ningún agente de la autoridad puede sancionar a una persona por salir a la calle si se dirige a un lugar de venta de prensa.

Así lo han subrayado la Asociación de los Medios de Información (AMI), la Asociación de Revistas de Información (ARI), la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) y la Comisión Nacional de Vendedores de Prensa después de comprobar que en algunos municipios de España las fuerzas de seguridad han comunicado a los ciudadanos que no está autorizada la salida del domicilio para adquirir la prensa.

En un momento de crisis sanitaria global e incertidumbre económica el derecho al acceso a la información de los ciudadanos se antoja más fundamental que nunca no solo para poder entender las decisiones extraordinarias, algunas de ellas sin precedentes, sino para protegerse de la mejor manera posible ante posibles contagios.

or ello distribuidores y editores solicitan que se dicte de manera urgente la instrucción pertinente a las fuerzas de la autoridad para que permitan la apertura de establecimientos de venta de diarios y revistas así como la libre circulación de las personas por las vías de uso público para comprar los bienes que se venden en dichos establecimientos, de acuerdo a la normativa vigente.

También se debe permitir la entrega de diarios y revistas a domicilio, minimizando los riesgos para la salud en todo caso siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Los editores y distribuidores agradecen en su comunicado a todos los quiosqueros, papelerías y puntos de venta de diarios y revistas que sigan abiertos al público y recuerdan a todos los ciudadanos que este servicio está garantizado por el Real Decreto, dado que en él se detalla literalmente en el punto 11 de excepciones que se mantiene la actividad de “las personas trabajadoras que prestan servicios en puntos de venta de prensa”.

Artículo original de Víctor Pérez para Business Insider España