Pese a que ya fue en noviembre de 2016 cuando se aprobó un nuevo decreto ley que limitaba los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros -en 2012, este límite estaba se fijó en los 2.500 euros-, nunca se llegó a materializar tal medida destinada a acabar con la economía sumergida y reducir el fraude fiscal, problemas que hacen perder cifras estratosféricas a las arcas estatales y que asfixian la economía patria. Aquella propuesta elaborada por los Técnicos del Ministerio de Hacienda también abarcaba la posibilidad de que las empresas no pudiesen deducir en el IRPF las facturas al contado que sobrepasasen los mil euros en el pago en efectivo.

Ahora, PSOE y Podemos resucitan esta iniciativa incluyéndola dentro del borrador de Presupuestos Generales del Estado presentados la semana pasada. Como en el momento en el que esta propuesta estéril salió a flote, la renovada medida pretende que a partir de los 1.000 euros, el pago se deba realizar de forma electrónica, implicando un 60% más de límite con respecto a los 2.500 euros anteriores.

Ahora, este anteproyecto de Ley Antifraude presentado por el Consejo de Ministros del pasado viernes deberá pasar por la aprobación del Congreso y el Senado antes de su aprobación definitiva. Esta medida pretende sumarse a la lista de países europeos que combaten el fraude fiscal, como ya hacen Dinamarca o Finlandia. La lista de medidas permitiría al Gobierno recaudar cerca de 822 millones de euros.

7 razones para volver a pagar en efectivo (y ahorrar dinero)

Cabe destacar, como apuntan desde la web de Pymes y autónomos, que esta restricción en los pagos en efectivo está limitada a las transacciones realizadas entre profesionales, dejando fuera a los pagos entre particulares y, por lo menos en principio, también las restricciones de 15.000 euros vigentes en la actualidad cuando el pagador es una persona física que justifique que su domicilio social no está en España y no actúe como profesional o empresario.

Otras medidas que destacan en el paquete que conforma este anteproyecto son la prohibición de usar software de doble uso para esconder contabilidades en B, extremar el control tributario sobre las criptodivisas como el Bitcoin y reducir la cuantía monetaria para entrar en una lista de morosos, que bajará del millón a los 600.000 euros -cabe destacar que la morosidad es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los autónomos españoles-.