WhatsApp teme que Ofcom, el regulador de comunicaciones del Reino Unido pueda forzar el escaneo de mensajes privados en servicios de comunicación cifrados de extremo a extremo, ante la “ambigüedad expresa” de la nueva ley de seguridad en línea del país al respecto. No vulnerará su modelo de seguridad.

Sería imposible aplicar la ley de otra forma. La norma otorgaría a Ofcom el poder de imponer requisitos y leer los mensajes de aplicaciones como WhatsApp, para combatir el terrorismo o el contenido de abuso sexual infantil, y castigarlas con multas de hasta el 10% de la facturación global para aquellos servicios que no cumplan. 

Al mismo tiempo, obligaría a disminuir la propia protección de WhatsApp a sus usuarios, algo por lo que no estaría por la labor la compañía. Reino Unido supone tan solo el 2% de los clientes de WhatsApp, por lo que cambiar el cifrado de los mensajes para el país modificaría, “un modelo que funciona para el resto de usuarios en el mundo”. 

“No quieren que reduzcamos la seguridad del producto y, simplemente, sería una elección extraña para nosotros optar por reducir la seguridad del producto para cumplir con su ley. Nuestro modelo funciona para millones de usuarios”, ha expresado el director de WhatsApp, Will Cathcart.

Así las cosas, la situación continua en un reto imposible: las aplicaciones de mensajería que protegen sus datos de usuario con cifrado de extremo a extremo, simplemente no pueden dejar leer los mensajes de los usuarios sin romper sus promesas de seguridad. 

Un debate vigente en la Cámara de los Lores

La disputa sobre el proyecto de Ley ha tenido apoyos y detractores en el parlamento británico. Entre los detractores, el argumento común es que el pulso solo conllevará a la salida obligada de las compañías del país, tal y como ha expresado, la diputada independiente.

“No están amenazando con irse. No se hace en ningún tipo de negociación de esa manera. Al ejercer una enorme presión sobre estas plataformas para escanear las comunicaciones, debemos recordar que son plataformas globales”, ha expresado.

Entre los que apoyan la nueva norma, la portavocía del Ministerio del Interior ha defendido su necesidad: “Apoyamos un cifrado fuerte, pero esto no puede ser a costa de la seguridad pública. Las empresas tecnológicas tienen el deber moral de asegurarse de no cegarse a sí mismas ni a las fuerzas del orden ante los niveles sin precedentes de abuso sexual infantil en sus plataformas”.