Huawei desde hace años se está enfrentando en algunos países como Estados Unidos o incluso la UE a prohibiciones de productos y proyectos de redes inalámbricas 5G, restricciones de contratos comerciales, escrutinio de seguridad y, por lo tanto. un gran retroceso. 

Alegan que los productos de la empresa pueden contener deliberadamente problemas de seguridad que el gobierno de China podría utilizar con fines de espionaje. Además, algunos países añaden que Huawei roba propiedad intelectual de empresas tecnológicas extranjeras.

Con todo esto sobre la mesa, Margrethe Vestager, vicepresidente de la Comisión de asuntos digitales, ha instado a los países rezagados como España a poner en marcha normativas contra esta empresa y otras como ZTE.

El primer paso se dio en marzo de 2022 cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto para fijar normas que garanticen la seguridad de las redes 5G, así como la posibilidad de veto de determinadas compañías. 

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Esta normativa —y ese listado— iba a comunicarse precisamente en junio de 2022, pero tras un año sin conocer noticias al respecto y recientemente habiéndose formado una Subdirección General de Integridad de las Telecomunicaciones y un supuesto proyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, todo queda en la nada tras la convocatoria de elecciones para el 23 de julio.

"Las compañías ya están integrando dentro de su toma de decisiones los principios que rigen esta Ley, independientemente de que se adopte o no formalmente algún tipo de decisión o de normativa más detallada", explicaba Nadia Calviño en la última edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

La UE urge a países como España a tomar medidas de forma inmediata

En el caso de la Unión Europea, siempre han existido diferentes enfoques ya que esta dio vía libre a los Estados Miembros para que adoptaran sus propias medidas. Los países escandinavos y de Europa del Este han adoptado la postura más dura con respecto a Huawei.

Suecia prohibió a los proveedores chinos implementar 5G por completo y dio a los operadores de telecomunicaciones hasta 2025 para eliminar los equipos chinos de su infraestructura. Dinamarca siguió un camino similar. Si bien el país nórdico no mencionó a Huawei directamente, dejó muy claro que no permitiría equipos de países que no se consideran aliados de la seguridad.

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En Europa del Este, varios países firmaron acuerdos de entendimiento con la anterior administración Trump para excluir a Huawei de su mercado 5G.

Por otro lado y si bien Francia e Italia no prohibieron a Huawei de inmediato, sus gobiernos y agencias de ciberseguridad tienen amplios poderes para bloquear la adquisición de equipos de la marca. También se ha tomado una ruta similar en Finlandia, donde el gobierno aseguró prohibir el uso de equipos 5G de proveedores considerados una amenaza para la seguridad del país.

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Otros han ido adoptando un enfoque más suave. España fue cautelosa en un inicio de no prohibir explícitamente a Huawei y alienar a China en el proceso. Adoptó un enfoque "neutral e independiente" que se basó en procedimientos burocráticos en lugar de evaluaciones políticas. Esto ahora se está exigiendo que cambie pero la actualidad española una vez más retrasa todo el proceso.

Huawei ha expresado en numerosas ocasiones que la diferenciación entre los proveedores chinos y europeos de 5G es arbitraria, ya que sus dos principales competidores, Erickson y Nokia, tienen importantes zonas de producción en China y están igualmente sujetos a las mismas leyes chinas.

Por otro lado, esta compañía que tiene su sede europea en Alemania, ha recibido financiación de la UE para la innovación en muchas ocasiones, lo que ha generado críticas en el Parlamento Europeo. En una carta a la Comisión, numerosos eurodiputados pidieron poner fin a la financiación del proveedor de "alto riesgo".