La Unión Europea continúa luchando contra algunas prácticas que se realizan vía plataformas y redes sociales como los bots, los deepfakes y la desinformación. 

Pese a que la relación de estas con la Unión Europea está siendo bastante tensa, sobre todo con la futura normativa dirigida a la publicidad en línea, los servicios de mensajería y otras prácticas de las grandes plataformas tecnológicas (Ley de Mercados Digitales), parece que en este punto están bastante de acuerdo.

En cuanto a este Código de Buenas Prácticas de la Comisión Europea, que publicaron el jueves, se enumera un gran conjunto de compromisos a los que los firmantes pueden optar por adherirse en la lucha contra la falsificación digital.

33 entidades han firmado la última versión del Código de buenas prácticas. Las plataformas de medios sociales, los proveedores de software, las empresas de medios de comunicación y las organizaciones de la industria publicitaria se encuentran entre los firmantes.

"Difundir desinformación no debe suponer un solo euro para nadie. Para ser creíble, el nuevo Código de Buenas Prácticas estará respaldado por la DSA, incluso para imponer fuertes sanciones disuasorias", explica Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior.

Dentro de los compromisos a los que deben comprometerse: tomar medidas para desmonetizar la desinformación, evitar colocar anuncios junto a noticias falsas o beneficiarse de la difusión de información falsa en línea y etiquetar claramente los anuncios que son políticos. 

El objetivo número uno detrás de esta actualización reside en hacer frente al aumento de las cuentas de bots falsos y a los deepfakes generados por la IA. Es por eso que las plataformas, si se adhieren, deberán demostrar que sus algoritmos utilizados para detectar y moderar los deepfakes son fiables. 

Cabe destacar que estas se exponen a ser sancionadas con hasta el 6% de sus ingresos anuales si infringen las nuevas leyes.

Los firmantes dispondrán de seis meses para aplicar las medidas indicadas en el Código de buenas prácticas. Se espera que presenten un informe detallado a la Comisión Europea a principios de 2023 en el que se detallen las medidas adoptadas para cumplir sus compromisos.