El debate sobre la presencia de móviles en las aulas de colegios e institutos ha alcanzado un punto crucial en España, donde se contempla la posibilidad de una prohibición a nivel nacional. 

Varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla La-Mancha, Castilla y León, Galicia y la Comunidad de Madrid, ya han tomado medidas restrictivas en sus centros educativos, y ahora el Ministerio de Educación se prepara para proponer una normativa que abarque todo el territorio nacional.

La propuesta es clara: durante las clases de Primaria y Secundaria, se dirá adiós a los móviles, a menos que el profesor indique que su uso es necesario por alguna razón pedagógica. 

¿El objetivo? Fomentar una reflexión en la sociedad sobre cómo se utilizan estos dispositivos y cómo afectan al rendimiento en clase. Pilar Alegría, actual ministra de Educación, ha anunciado que se llevarán a cabo conversaciones con las comunidades autónomas y el Consejo Escolar del Estado en enero de 2024 para estudiar la viabilidad de esta medida a nivel nacional.

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"La catedrática Pilar Beneito y el profesor Óscar Vicente Chirivella de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, según informa la Razón el pasado 22/11/2023, han elaborado un estudio realizado en Galicia y Castilla la Mancha que concluye que la prohibición de móviles en las aulas favorece a una mejora significativa en la convivencia escolar, ya que reduce los casos de acoso escolar e impacta en la mejora del rendimiento académico", explica en una entrevista para Computer Hoy Susana Estudillos Esteban, Mánager de Sostenibilidad Social de AENOR.

Aunque la prohibición total podría ser la solución, la ministra afirma que muchos consejeros de Educación han recibido la idea "muy positivamente". Organizaciones como Save the Children y la Fundación Anar respaldan la iniciativa.

Sin embargo, queda por ver si la prohibición se implementará a nivel nacional y cuáles serán sus posibles consecuencias. 

¿Una gran solución o un problema en potencia?

La propuesta de prohibir el uso de móviles en las aulas genera opiniones encontradas. Por un lado, quienes respaldan la medida argumentan que podría mejorar el enfoque y la atención de los estudiantes, reduciendo las distracciones y fomentando un ambiente de aprendizaje más concentrado. 

Además, se destaca que la medida podría también responder a la "alarma social" señalada por la OCDE respecto a los efectos negativos de los móviles en el rendimiento académico.

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"Sin duda, la tecnología forma parte y está totalmente integrada en nuestras vidas, por lo que no podemos no aprovechar todo su potencial en favor del aprendizaje; y para ello, tener en cuenta los beneficios que nos puede aportar; pero también identificar, detectar, analizar y actuar para anticiparnos a los peligros que conlleva un uso no responsable y alejado de los fines que perseguimos, con su uso, en cada una de las etapas educativas, y en cada etapa de desarrollo de nuestras y nuestros estudiantes", comenta la experta.

Sin embargo, la implementación de esta prohibición plantea algunas preocupaciones. La sociedad moderna está profundamente integrada con la tecnología, y muchos argumentan que los dispositivos móviles también pueden ser herramientas educativas valiosas si se utilizan de manera adecuada. 

Además, la prohibición podría generar resistencia por parte de los estudiantes, quienes están acostumbrados a la conectividad constante.

"Puedo pensar que el posicionamiento pueda partir, entre otros, de que toda acción de prohibición pudiera conseguir un efecto contrario al que se buscaba legislando, si no se contemplan todos los escenarios y elementos necesarios, como recientemente hemos podido comprobar con otras leyes", comenta Susana Estudillos Esteban.

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Con todo esto, por el momento queda esperar de cara a enero de 2024. Su éxito o fracaso, tal y como explica la experta, dependerá de la medición de los cuatro ámbitos fundamentales sobre los que pivota la Certificación AENOR de Centro Educativo Tolerante

"Son la mejora de la convivencia escolar, la participación e implicación de toda la comunidad educativa y demás partes interesadas, la mejora del rendimiento académico y la gestión para la mejora continua para seguir avanzando en la mejora de las relaciones y convivencia en los centros educativos con todos los recursos que sean necesarios para ello", finaliza.