El desperdicio de energía solar en España es uno de los grandes problemas de este país. A pesar del crecimiento del sector fotovoltaico, una parte considerable de la energía generada se pierde debido a la falta de sistemas de almacenamiento, una infraestructura eléctrica adecuada y, como no podría ser de otra forma, la densa burocracia.

La magnitud de este desperdicio es realmente preocupante: se estima que en 2022, España perdió 1.067 GWh de energía de autoconsumo, valorada en 160 millones de euros. 

La infraestructura y las leyes restrictivas son responsables de este derroche, ya que dificultan la conexión de excedentes a la red y limitan el desarrollo pleno del autoconsumo.

Para rizar el rizo, el informe presentado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) de febrero de 2023 prevé que para 2030, el país podría experimentar una pérdida de hasta un 7% en su producción de energía renovable debido a la falta de sistemas de almacenamiento y el gran problema de la desconexión planificada.

¿Qué es la desconexión planificada y por qué supone la pérdida de casi el 20% de la producción de energía solar en España?

Este concepto hace referencia a la práctica de desconectar de manera deliberada y programada las instalaciones solares durante ciertos períodos de tiempo, en este caso, durante los fines de semana. 

Durante la semana, cuando la demanda de energía eléctrica es alta debido a la actividad industrial, estas instalaciones solares funcionan a pleno rendimiento y parte de la energía generada se utiliza en el lugar.

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Sin embargo, llega el fin de semana y la actividad disminuye, lo que resulta en una menor demanda de energía. Aquí es donde entran en juego las regulaciones y normativas que rigen la inyección de excedentes de energía en la red eléctrica. En este caso, para que la instalación pueda verter su excedente a la red durante el fin de semana, debe cumplir una serie de requisitos y obtener permisos de la empresa distribuidora de electricidad.

En el contexto de las grandes instalaciones solares, como aquellas que superan los 100 kW de capacidad, la desconexión planificada se convierte en una estrategia para sortear los obstáculos burocráticos y costosos.

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Debido a toda esta problemática, las empresas se enfrentan a grandes dificultades en el proceso de obtener los permisos necesarios. En lugar de hacer frente a estos problemas, algunas compañías eligen desconectar sus sistemas durante estos períodos.

Esta desconexión planificada finalmente resulta en la pérdida de una cantidad enorme de producción de energía solar, con estimaciones que sugieren que hasta un 20% de la energía generada puede escaparse debido a esta práctica. 

Además de afectar los esfuerzos para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esta desconexión también tiene consecuencias económicas y de desarrollo. Limita la capacidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles y dificulta la consecución de los objetivos establecidos de cara a un futuro que ya no es tan lejano.

"Muchas empresas ni siquiera se diseñan con capacidad para volcar a la red los excedentes y otras, las mayores de 100 kW se enfrenta a problemas de acceso por falta de capacidad en los nodos de conexión porque están saturados o tan lejos de la instalación que a la industria no le sale a cuenta abordar esa inversión", añade José María González Moya, director general de APPA renovables.

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Para hacer frente a este gran problema, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) está colaborando tanto con las autoridades como con las empresas distribuidoras de electricidad. 

Su objetivo es trazar un nuevo camino mediante la creación de una regulación más efectiva y amigable que permita un acceso eficiente a la red eléctrica para instalaciones solares de mayor envergadura —instalaciones de más de 100 kW—.

Se espera que en medio año se logre un borrador de esta normativa revisada, un posible cambio de rumbo que podría impulsar la energía solar y disminuir las emisiones que tanto contaminan, con el foco en alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que busca reducir las emisiones en un 23% para 2030.