Países Bajos se convierte en el primer país en poner trabas a los planes europeos para permitir que las empresas de telecomunicaciones impongan un cargo adicional a los servicios de transmisión como Netflix, Spotify, YouTube.

Esta novedad nace dada la sobresaturación de red que se produce con estos y otros, por lo que las empresas de telecomunicaciones quieren imponer este cargo adicional a servicios como los antes comentados y con el beneficio invertir en nueva infraestructura digital. A la Comisión Europea parece que le gusta la idea y recientemente lanzó una consulta sobre el tema.

Sin embargo, Países Bajos ha presentado un rotundo no por su parte. El ministro de Asuntos Económicos, Micky Adriaansens, así lo ha confirmado en una nota de prensa gubernamental. "A los proveedores de telecomunicaciones se les paga el doble con un peaje adicional", afirma. "Es imperativo que cualquier política que afecte el ecosistema de Internet esté basada en evidencia y esté poniendo al consumidor primero", añade.

El debate, según se explica, se "enmarca como una batalla entre los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios en línea, mientras que el debate realmente debería centrarse en los intereses de los consumidores y las empresas".

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La Comisión Europea parece respaldar el plan y es por eso que ya ha comenzado un proceso de consulta. Adriaansens, sin embargo, confirma que el cargo se pasará en última instancia a los suscriptores que terminarán pagando dos veces por el mismo servicio, como si los caros precios ya establecidos no fuesen suficientes.

"Los Países Bajos también han encargado a economistas que investiguen si este peaje de Internet propuesto realmente impulsará inversiones en redes nuevas o adicionales", explican en la nota de prensa.

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Además, afirma el ministro, que Países Bajos y otros países de la Unión Europea consideran que el plan entra en conflicto con las pautas de neutralidad de la red de 2015, que establecen que las empresas de telecomunicaciones no pueden bloquear o perjudicar el tráfico de Internet o cobrar tarifas adicionales por servicios extra.

En general, el equipo de gobierno no cree que esta sea "la forma correcta de hacer realidad las ambiciones digitales de Europa”, dijo. "Es imperativo que cualquier política que afecte el ecosistema de Internet esté basada en evidencia y esté poniendo al consumidor primero", finaliza.