Las grandes tecnológicas como Meta, Google (Alphabet), Amazon, Apple, TikTok (ByteDance) o Microsoft han crecido exponencialmente en las últimas décadas, consolidándose como actores dominantes en diferentes sectores de la economía digital. 

Con un poder sin precedentes, estas compañías han acumulado enormes cantidades de datos personales de sus usuarios, han influido en la difusión de información y contenidos, y han ejercido un enorme control sobre la competencia en el mercado. Este rápido ascenso ha generado preocupaciones en torno a la privacidad, la competencia leal y la responsabilidad en la actual era digital.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea surge en respuesta a la necesidad de regular y supervisar las prácticas de estas grandes empresas tecnológicas. 

Por ejemplo, Google disfruta actualmente del 92,04% de la cuota de mercado de los motores de búsqueda de la UE y estará sujeto al más alto nivel de regulación. Con sus 309 millones de usuarios activos diarios en Europa, Facebook también se considera muy grande a efectos de la DSA.

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"La norma introduce una serie de obligaciones que las plataformas deben cumplir bajo riesgo de ser sancionadas, y que abarca diferentes temas. Entre ellos se encuentra: la desinformación en redes sociales, la difusión de contenidos ilícitos, medidas de transparencia y regulaciones en materia de recolección de datos", explica en una entrevista para Computer Hoy Blanca González, consultora de ciberseguridad en Entelgy Innotec Security.

"La frase más repetida por las autoridades europeas es: 'Lo que es ilegal offline, también lo es online'"

Yendo a un apartado algo más técnico, la DSA se publicó en el boletín oficial de la Unión Europea en octubre de 2022 y entró en vigor poco después. Será aplicable en toda la UE en febrero de 2024, pero las nuevas reglas entraron en vigor el 25 de agosto de 2023 para las plataformas y motores de búsqueda más grandes que operan en Europa —19 de los cuales fueron designados oficialmente por la Comisión Europea en abril—. 

Este documento de más de 300 páginas establece un marco normativo que redefine las obligaciones legales de las empresas digitales y las responsabilidades tanto de la UE como de sus estados miembros en su implementación:

1. Reglas claras para el tratamiento del contenido ilegal

La DSA introduce procedimientos actualizados para que los proveedores de servicios digitales eliminen rápidamente contenido ilegal, siguiendo la legislación nacional o de la UE. Además, prohíbe el monitoreo generalizado de contenido en toda la UE, preservando así la libertad de expresión.

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2. Nuevos derechos para los usuarios en la moderación de contenido

La ley establece que las plataformas deben proporcionar explicaciones detalladas a los usuarios afectados cuando bloqueen cuentas o eliminen contenido. Los usuarios tienen el derecho de impugnar estas decisiones y buscar acuerdos extrajudiciales si es necesario.

3. Mayor transparencia en sistemas de recomendación y publicidad

Las plataformas deben revelar cómo funcionan sus sistemas de moderación y recomendación algorítmica. Los usuarios tendrán la opción de utilizar sistemas de recomendación alternativos y recibirán información sobre la orientación de anuncios y cómo cambiarla.

4. Restricciones en publicidad dirigida y diseños engañosos

La DSA prohíbe la publicidad dirigida a niños y la elaboración de perfiles basados en rasgos "sensibles". Además, establece límites para prácticas de diseño engañosas, conocidas como "patrones oscuros".

5. Requisitos de transparencia en informes

Las plataformas deben presentar informes anuales sobre sus esfuerzos de moderación de contenido, incluyendo el número de órdenes para eliminar contenido ilegal, quejas de usuarios y detalles sobre sistemas automatizados empleados.

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6. Obligaciones para plataformas grandes en la gestión de riesgos sistémicos

Las plataformas con más de 45 millones de usuarios en la UE como YouTube, TikTok e Instagram deben evaluar cómo sus productos, incluidos los sistemas algorítmicos, pueden agravar riesgos para la sociedad y tomar medidas para prevenirlos.

7. Acceso obligatorio a datos para escrutinio externo

Deben compartir sus datos internos con auditores independientes, autoridades de la UE y de los Estados miembros, así como con investigadores académicos y de la sociedad para evaluar riesgos sistémicos.

8. Nuevas competencias y poderes de aplicación

La Comisión Europea y las autoridades nacionales coordinarán la aplicación de la DSA. La Comisión tendrá poderes de supervisión y aplicación directos sobre las plataformas más grandes, incluyendo la capacidad de imponer multas de hasta el 6% de su facturación global y tasas de supervisión.

"En un mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados, una de las principales obligaciones de la DSA es asegurar una competencia equilibrada. Al regular a las grandes plataformas y asegurar que cumplan con normativas claras, la DSA busca nivelar el campo de juego, permitiendo que surjan nuevas plataformas y servicios que ofrezcan alternativas a los consumidores", indica Blanca González.

Sin embargo, ¿cómo hará la UE para que realmente se cumpla la DSA?

"La Ley de Servicios Digitales prevé un sistema de supervisión y control. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones, que deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la DSA supondrán una grave consecuencia económica para los prestadores de servicios, incluso se les podrá prohibir operar en el mercado único de la UE, en caso de que las infracciones sean de carácter grave y reiterado", comenta la experta.

Los reguladores nacionales supervisarán las empresas digitales con sede en sus países, mientras que la Comisión Europea supervisará grandes plataformas como Google y Facebook. Tendrán el poder de imponer multas de hasta el 6% de los ingresos globales anuales de una empresa. 

En casos excepcionales de daño grave, podrían prohibir temporalmente que una empresa digital opere dentro del bloque. Las autoridades también podrán investigar e inspeccionar las instalaciones de una empresa digital para confiscar información y solicitar explicaciones sobre algoritmos.

"Aunque la Ley de Servicios de Digitales es un buen punto de partida para la lucha contra contenidos, productos y servicios ilegales en línea, queda mucho camino por recorrer y es necesario un modelo de gobernanza colaborativo en el que cooperen diferentes agentes del ecosistema digital con una responsabilidad compartida, acorde a las capacidades de cada proveedor, para lograr unos servicios digitales seguros y fiables", finaliza Blanca González.