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Sorprendentemente, las operadoras podrían salvar a las listas IPTV pirata de su desaparición

IPTV

La batalla contra las listas IPTV piratas se ha intensificado en todo el mundo. Mientras las operadoras luchan denodadamente por combatir esta práctica ilegal, existe una ironía sorprendente, y es que podrían, de alguna manera, contribuir a la supervivencia de estas listas.

Cabe señalar que la IPTV, o televisión por IP, es un protocolo que ha revolucionado la forma en que se consume contenido. Si bien su uso es legítimo y ofrece numerosas ventajas, como la transmisión de eventos deportivos o programas de televisión, también se ha aprovechado por otras personas para distribuir ilegalmente contenido protegido por derechos de autor.  

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En su esfuerzo por eliminar las listas IPTV pirata, algunos países, incluido España, han implementado leyes estrictas que imponen multas considerables a los usuarios que las utilizan y a las personas que las distribuyen. 

Las sanciones podrían alcanzar los 5.000 euros por usuario, lo que en principio debería disuadir a la mayoría de las personas de involucrarse en esta acción ilegal, la realidad plantea un escenario diferente. 

En Italia, por ejemplo, se aprobó una ley que establece un plazo de 30 minutos para que las operadoras bloqueen el acceso a los contenidos denunciados como ilegales. Esto, en teoría, debería agilizar la eliminación de listas IPTV piratas. Sin embargo, el sistema de bloqueo se desarrolló apresuradamente y con bases débiles, y su legalidad en el contexto europeo se cuestiona.

Si bien la intención detrás de estas leyes es proteger los derechos de autor y los ingresos de los dueños legítimos del contenido, la magnitud de la tarea podría llevar a la ineficacia.  

Según esta normativa, supone un coste elevado para las operadoras, especialmente para las pequeñas y medianas, que podrían verse obligadas a cerrar. 

Así lo denuncia Assoprovider, una asociación que representa a unas 2.000 empresas del sector, que considera que esta medida es desproporcionada, así como contraria al derecho europeo. 

La medida podría tener un impacto devastador en el sector de las telecomunicaciones en Italia, poniendo en riesgo la existencia de miles de empresas que ofrecen servicios de calidad y diversidad a los consumidores.

La compañía afirma que la ley italiana no fue notificada adecuadamente a la Comisión Europea, como exige la Directiva Europea de 2015, que prohíbe la creación de nuevas barreras técnicas al comercio electrónico. 

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Aunque el regulador de telecomunicaciones AGCOM afirma haber notificado antes de la aprobación de esta ley, existe una falta de transparencia en este proceso. 

Por ello, Assoprovider ha presentado un desafío legal para determinar si estas regulaciones cumplen con la normativa europea. 

La batalla contra las listas IPTV ilegales es un asunto delicado, y si bien se persigue un fin legítimo, las repercusiones no deseadas podrían poner en riesgo la supervivencia de operadoras de menor tamaño y cuestionar la efectividad de las normas aplicadas. 

Curiosamente, las propias operadoras podrían tener un papel en evitar, en cierto modo, que las IPTV piratas desaparezcan por completo. 

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